Introducción

"En 1998 publiqué el libro titulado entonces, "El impuesto municipal de patente de industria y comercio en Venezuela" Como saben, la Constitución de 1999 cambió el nombre de ese mismo impuesto y lo llamó impuesto municipal sobre la actividad económica. Recordemos un debate que se presentó durante la vigencia de la Constitución del 61 sobre si esta patente era o no un impuesto. Hubo un acuerdo unánime en que era un impuesto, y creo que esa fue la razón por la cual la Constitución del 99 acogió esa categoría para designar este tributo. Ciertamente, desde hace algún tiempo, interesados en el derecho tributario municipal, la academia, profesores, investigadores, estudiantes e incluso empresarios, algunas editoriales me han pedido, hace algunos años, que pongamos al día el libro publicado entonces sobre el impuesto de patente de industria y comercio, ahora llamado por la Constitución sobre la actividad económica. Eso es lo que hemos hecho; hemos discutido sobre el tema bajo la vigencia de la Constitución del 99. La concepción que la Constitución del 99 desarrolla sobre este impuesto, en mi criterio, es de un alto nivel de intervención del poder nacional sobre el poder municipal tributario. Como veremos, un número importante de disposiciones constitucionales admiten y prescriben a la potestad nacional poderes de intervención sobre la potestad tributaria municipal. No obstante, la sala política y la sala constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia interpretó el artículo 180 de nuestra Constitución respecto a la relación entre el poder municipal y el poder nacional en los aspectos tributarios, como restringiendo de alguna manera la influencia y la intervención que podría tener ese poder nacional sobre el poder municipal. Sin embargo, en este libro debatimos sobre la interpretación que hizo la sala constitucional, mostrando nuestro desacuerdo y proponiendo una interpretación distinta. En mi opinión, es importante, respecto a la actividad económica del país, reinterpretar ese artículo 180 debido a que tiene efectos importantes sobre el ingreso petrolero nacional, desviándose hacia lo municipal, lo cual causa problemas significativos. Primero, como veremos, se genera un desequilibrio municipal entre los municipios petroleros y los no petroleros. Luego, produce una duplicación de ingresos a los municipios petroleros, primero por vía del impuesto a la actividad económica al sector privado dedicado a la actividad petrolera y, después, vía el situado constitucional, que como todos sabemos, asigna una parte de esos ingresos a los municipios. Ese es uno de los temas que discutiremos con bastante cuidado y propondremos algunas interpretaciones distintas a las que hasta ahora han hecho no solo la sala constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, sino varios autores venezolanos en materia tributaria que han estado de acuerdo con esa interpretación. Yo manifiesto mi desacuerdo con esa interpretación que entiendo y desarrollo como equivocada por parte de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Otros temas de mucha importancia que abordaremos incluyen el tema de la confiscación tributaria, que está prohibida por nuestra Constitución, afirmando que no existen criterios objetivos suficientes para saber cuándo estamos frente a una confiscación. Por ello, proponemos también una solución al respecto. Por último, y solo para destacar, hay dos temas de mucha importancia que tocamos. Uno es la fragmentación normativa en la que ha caído Venezuela, nuestro país, en relación a las regulaciones tributarias municipales. Yo lo llamo el "iablograma procesal tributario municipal" ya que es sumamente complejo definir y determinar cuáles son las normas más aplicables en determinadas circunstancias al tributo llamado impuesto sobre la actividad económica de naturaleza municipal. Igualmente, abordamos el tema del arbitraje, mostrando algunos desacuerdos con ciertas interpretaciones que se han hecho al respecto en el sistema venezolano, y defendemos la inmediata implementación de las fórmulas arbitrales, tanto institucionales como independientes, para el arbitraje en materia tributaria municipal.